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    <article id="nota" itemscope="" itemtype="http://schema.org/NewsArticle" data-login="false"
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            <p itemprop="description">Los pueblos indígenas reclaman por derechos que permanecen
                incumplidos, por eso es más eficiente canalizar la protesta que reprimirla</p>
        </div>
        <section id="cuerpo" itemprop="articleBody">
            <p>Abdullah Ocalan, el líder independentista kurdo, desembarcó en Italia en noviembre de
                1998 y pidió asilo político. Arrastraba un pedido de captura de Turquía, donde era
                acusado por terrorismo. El ex comunista Massimo D'Alema, recién asumido, dudaba.
                Acoger a Ocalan implicaba comprarse un problema con un aliado de la OTAN e importar
                un conflicto ajeno, pero deportarlo lo exponía a la pena de muerte, legal en Turquía
                pero inadmisible en la Unión Europea. Optó por la estrecha avenida del medio: se
                ignoró el mandato de captura al tiempo que se negó el asilo, presionando a Ocalan
                para que se fuera por las suyas. Tras una carambola a tres bandas, fue capturado por
                agentes turcos en Kenia, donde se encontraba bajo la protección del embajador
                griego, mientras intentaba abordar un avión hacia Holanda. Desde febrero de 1999
                permanece en una cárcel de máxima seguridad en la isla turca de Imrali.</p>
            <p>Uno de los autores de esta columna vivía en Italia en esa época y siguió la crisis de
                cerca; el otro la estudió en profundidad, años más tarde. Pero no hacía falta:
                cualquiera puede encontrar esta información a un clic de distancia. Eso fue lo que
                no hizo un periodista de un diario argentino, que no es la nacion. La semana pasada
                se publicaron extractos de un "informe de carácter secreto" que mencionaba supuestos
                contactos internacionales de organizaciones mapuches. Entre ellos aparecía Ocalan, a
                quien el informe ubicó "con domicilios en Palermo y en el centro porteño", y
                aseguraba incluso que había sido visto "en Neuquén, Río Negro y Chubut durante el
                juicio a Jones Huala".</p>
            <figure>
                <p><span title="Ampliar imagen"></span><img
                        src="http://bucket2.glanacion.com/anexos/fotos/77/conflicto-mapuche-2585177w280.jpg"/>
                </p>
                <figcaption id="epigrafe2585177">Foto: LA NACION</figcaption>
            </figure>
            <p>Esta falsa noticia fue la más rocambolesca de una larga cadena. Dos hechos quedaron
                en evidencia: primero, que hay periodistas que no chequean la información; segundo,
                que los servicios de inteligencia los utilizan para manipular la agenda pública. Y
                sobre los servicios hay dos posibilidades: o son burros o son perversos. Las
                opciones no son excluyentes, aunque cualquiera alcanza para tornarlos indignos de
                confianza. Sin embargo, de ellos proviene la información que alimenta a muchos
                medios de comunicación y, aún más grave, al Estado argentino.</p>
            <p>El reguero de noticias falsas y vínculos brumosos tiene, paradójicamente, un objetivo
                prístino: asociar la acción de los grupos mapuches con el terrorismo internacional.
                Comunicadores, analistas y escritores alineados con el discurso oficial llegaron a
                relacionar las ideas de las organizaciones patagónicas con las de Estado Islámico
                (ISIS) de Irak y Siria. El terrorismo carece de definiciones consensuales y ha sido
                utilizado para emparentar cosas bien diferentes. Aunque el líder mapuche más
                radicalizado (y menos representativo) declare que propician "un proceso de
                construcción de autonomía sin pedirle permiso al Estado", vincular a un grupo que
                reclama tierras en la región de sus ancestros con otro que busca gobernar el mundo
                según sus normas religiosas y ha masacrado a miles de personas requiere de una
                operación intelectual tan audaz como inadecuada.</p>
            <p>La asociación con el movimiento kurdo, en cambio, asoma menos inverosímil. Desde su
                arresto, Ocalan transformó su pensamiento: de una visión nacionalista con
                inspiración estalinista evolucionó al confederalismo democrático, una propuesta de
                organización comunal, ecologista, más apegada a las raíces locales que a las
                fronteras nacionales. Parece lógico que esas ideas resuenen en agrupamientos
                indígenas, que reivindican una organización anterior a la consolidación de los
                Estados sudamericanos. Los paralelos, sin embargo, terminan allí. En Chile, donde el
                conflicto ha tenido su desarrollo más dramático, la Sociedad de Fomento Agrícola
                denunció en 2014 que los insurrectos causaron daños por 10 millones de dólares y la
                muerte de tres agricultores y un carabinero a lo largo de 15 años; en la Argentina,
                por ahora, se registran actos de vandalismo, ocupaciones de tierras y cortes de
                rutas aislados. En contraste, el conflicto entre el Partido de los Trabajadores del
                Kurdistán y la República de Turquía se cobró cerca de 40.000 vidas en los años 90 y
                lleva más de 2000 desde la reanudación de hostilidades en 2015.</p>
            <p>Consultada sobre esta desproporción, una fuente de los servicios nos la resumió así:
                "La estrategia de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), de Chile, y ahora de la
                Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), más que matar directamente, es realizar
                sabotajes, movilizaciones, ataques a iglesias y empresas y mucha prensa". ¡En Medio
                Oriente pagarían por un terrorismo así! Ningún hecho de violencia debe ser
                minimizado, pero las analogías no resisten prueba.</p>
            <p>La "cuestión mapuche" es social antes que policial. La Constitución manda "reconocer
                la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar
                el respeto a su identidad?; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y
                la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y
                regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano". Estos
                derechos permanecen incumplidos. Y no son un capricho chavista: los países que
                reputamos serios también los reconocen. En Estados Unidos, las reservaciones
                indígenas ocupan 80.000 kilómetros cuadrados, el 1,3% de la superficie del país (y
                400 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires). En Canadá, unas 2300 reservas
                ocupan 28.000 kilómetros cuadrados. Australia otorga a los pueblos indígenas más de
                la mitad de los territorios del norte del país y son los nativos quienes negocian
                con las empresas mineras los permisos para que operen en sus tierras. En Nueva
                Zelanda existen tribunales especiales con jurisdicción sobre las tierras ancestrales
                de los maoríes; una de sus ventajas es que empoderan a los aborígenes
                individualmente, liberándolos del yugo de los caciques.</p>
            <p>La protesta social es indisociable de la democracia. Cuando desborda, recanalizarla
                es más eficiente que reprimirla: ahí reside el arte del acuerdo. En la Argentina la
                tarea es delicada porque pocos confían en la imparcialidad de las instituciones.
                Entonces, cada actor reivindica sus intereses con los medios de que dispone: los
                sindicatos hacen huelga, los estudiantes toman colegios, los empresarios cierran las
                fábricas y todos hacen piquetes. El politólogo Samuel Huntington definía una
                sociedad así como pretoriana y el jurista Carlos Nino llamó a la Argentina "un país
                al margen de la ley". Al movilizarse por sus derechos y desconfiar del Estado, la
                comunidad mapuche se demuestra bien argentina.</p>
            <p>Las cinco provincias patagónicas tienen una población similar a la de La Matanza. A
                diferencia de los Estados Unidos, que se integraron hacia el oeste otorgando
                parcelas de tierra a los colonizadores, y de Brasil, donde el rol de ocupación y
                desarrollo territorial fue cumplido por las fuerzas armadas, la Argentina obvió la
                tarea integradora tras consolidar su soberanía a finales del siglo XX. Hoy sobra
                tierra y falta gente. Gobernar sigue siendo poblar, pero también integrar.</p>
            <p>Seamos claros: ningún individuo u organización tiene derecho a violar la ley. Pero el
                problema histórico del Estado argentino no fue tanto quiénes lo desafiaron como
                quiénes lo gobernaron. Cambiemos.</p>
            <p><b><i>Andrés Malamud es politólogo e investigador en la Universidad de Lisboa. Martín
                Schapiro es abogado administrativista y analista internacional</i></b></p>
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